—Leticia López
El 5 de julio de 2013, un colectivo formado por 53 personas y 22 organizaciones sociales presentó una Demanda de Acción Colectiva para frenar la siembra de maíz genéticamente modificado (GM) en México.
Este litigio estratégico, conocido como la Demanda del Maíz, marcó un precedente en el derecho mexicano y se consolidó como un emblema de la defensa de la biodiversidad, los derechos colectivos y la soberanía alimentaria del país.
Nuestros maíces se encuentran bajo la constante amenaza de empresas biotecnológicas transnacionales que priorizan el lucro por encima de los derechos fundamentales de la población mexicana a la alimentación, la salud, el medio ambiente sano y a la diversidad biológica de nuestros maíces nativos.
Desde el 2013 la Demanda Colectiva logró impedir los permisos comerciales de siembra de maíz genéticamente modificado en el campo mexicano y sigue firme a 12 años de su surgimiento.
Ante las amenazas que representa el maíz genéticamente modificado, decidimos defender legalmente a los maíces nativos en México, centro de origen y diversificación constante.
Debido a que el maíz es una especie de polinización abierta, el cultivo de semillas genéticamente modificadas tendría como consecuencia la contaminación de los maíces nativos y su eventual extinción.
Existen más de 60 razas de maíces nativos y miles de variedades gracias a las familias campesinas que han reproducido y diversificado sus semillas durante los últimos 10 mil años.
Desde épocas ancestrales las comunidades originarias de México medían el tiempo en función del ciclo vegetativo del maíz y del movimiento astral relacionado con las épocas del año.
La importancia de la Demanda Colectiva es informar a todas las comunidades campesinas, indígenas y ejidales sobre los esfuerzos que realizamos para defender la milpa y los maíces nativos.
La batalla socio-legal en tribunales federales ha resistido y respondido a los embates de empresas transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Pioneer-Dupont.
La Demanda Colectiva Maíz se sumó a los trabajos legislativos para reforzar la iniciativa de reforma constitucional sobre maíz genéticamente modificado y protección de maíces nativos.
Desde 2016 hasta nuestros días, ninguna empresa de transgénicos ha solicitado permisos de siembra de maíz genéticamente modificado.
La Demanda Colectiva solicita al gobierno mexicano contrademandar a Estados Unidos porque nos está privando de los beneficios que el TMEC nos confiere.
Se inició el proceso legal de la Demanda Colectiva en defensa del maíz, con la participación de 53 personas y 22 organizaciones sociales. Como resultado, se obtuvo una medida cautelar que prohibió la siembra comercial de maíz genéticamente modificado (MGM) y que, desde el 17 de septiembre de 2013 hasta la fecha, se mantiene vigente.
Se canceló la medida precautoria que impedía autorizar nuevos permisos para la siembra de maíz genéticamente modificado en México. La apelación inmediata dentro de la Demanda Colectiva evitó el deslinde de responsabilidades por parte de las empresas.
Se volvió a suspender la siembra comercial de maíz genéticamente modificado (MGM) y se condicionó la experimental a vigilancia judicial y colectiva. En 2021, la SCJN rechazó la impugnación de las empresas.
Se publicó un decreto presidencial que ordena sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo.
Un segundo decreto presidencial prohibió la importación de MGM y el uso de harinas de maíz GM para tortillas y alimentos básicos.
La DCM recibió el premio Pax Natura, en reconocimiento de una década del litigo estratégico, único en el derecho mexicano por la defensa de los maíces nativos y por preservar la biodiversidad a través de la milpa y los maíces originarios.
Se solicitó a la Secretaría de Economía presentar una contrademanda contra Estados Unidos, a fin de que este país demuestre la inocuidad de sus maíces genéticamente modificados (GM).
Se emitió una resolución a favor de empresas transnacionales que permitía la siembra de maíz transgénico en México. Sin embargo, la Demanda Colectiva impugnó nuevamente, logrando mantener la suspensión, en un proceso que continúa vigente.
Se derogó el decreto presidencial de 2023, pues el panel de resolución de disputas del T-MEC falló a favor de EEUU, obligando a México a seguir importando MGM para no faltar a los acuerdos del TMEC.
Se ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía (SE) a responder de manera clara, fundada y motivada la solicitud presentada por la colectividad en 2023, en la que se pidió contrademandar a Estados Unidos por posibles violaciones al T-MEC. La SE no atendió dicha petición y, en respuesta al fallo, impugnó la resolución judicial mediante un recurso de revisión.
Se reformaron los artículos 4° y 27° de la Constitución para garantizar un jornal justo y permanente a campesinos que cultiven ciertas especies, apoyos directos y fertilizantes gratuitos a productores y pescadores de pequeña escala, así como precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo panificable.
Demanda Colectiva Maíz refuerza a nivel científico, legal y sociocultural iniciativa de reforma constitucional sobre maíz genéticamente modificado.
La Demanda Colectiva ganó un amparo y un recurso de revisión que obligan a la Secretaría de Economía a justificar por qué no ha contrademandado a Estados Unidos y a reponer el procedimiento hasta que la colectividad decida si impugna.
Se reconoció al maíz como cultivo estratégico nacional en la Ley de Desarrollo Rural, y se reformó el Código Penal Federal para tipificar como delito la importación, transporte, almacenamiento y liberación de organismos genéticamente modificados (OGM).
Diversas organizaciones y comunidades de Oaxaca solicitaron a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) investigar la contaminación genética en el maíz criollo. Dos años después, se reconoció dicha contaminación y se emitieron recomendaciones para proteger la diversidad del maíz mexicano.
En medio de conflictos y controversias, se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo entre diversas organizaciones campesinas y el gobierno federal, mediante el cual este se comprometió a negociar con los socios del TLCAN mecanismos de protección para el maíz blanco y el frijol mexicanos.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que dejó en evidencia el descuido al patrimonio genético y que la bioseguridad en el país no había sido prioritaria.
Se lanza la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano: Sin Maíz No Hay País, y Sin Frijol Tampoco, ¡Pon a México en tu Boca! De agosto a septiembre del mismo año, diversos estados de la República se unieron a la campaña.
Se realizó en el Zócalo capitalino el concierto “Salvemos al campo para salvar a México”, con la participación de artistas, académicos, organizaciones y unas 30 mil personas, en defensa del campo mexicano.
Se liberó la importación de maíz y frijol, aunque el gobierno no contaba con la organización social, cuando colectivos campesinos y no gubernamentales formaron un muro humano durante dos días en el Puente Internacional Córdova de las Américas, bloqueando la entrada y salida del país.
Salió de Ciudad Juárez una caravana de tractores de organizaciones campesinas desde Chihuahua hasta la Ciudad de México. La llegada al Zócalo de la Mega Marcha llamó la atención de integrantes de organizaciones internacionales y movimientos campesinos de otros países que vivían situaciones similares.
Se entregaron al Senado 439,385 firmas de México y otros países para exigir la renegociación del TLCAN, prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado (MGM) y aprobar leyes en favor de la soberanía alimentaria y el derecho constitucional a la alimentación.
Con 35 toneladas de maíz se formó un mapa en el Zócalo con el mensaje: “No al maíz transgénico. Sin maíz no hay país”. Días después, el 6 de marzo, un decreto presidencial modificó el reglamento de la LBOGM para permitir la siembra experimental de maíz genéticamente modificado.
El Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación visitó México por invitación de la Campaña Sin Maíz No Hay País y se comprometió a presentar en marzo de 2010 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre los agronegocios y la concentración de poder y riqueza.
Se celebró por primera vez en el zócalo capitalino el Día Nacional del Maíz.
Se reformó el artículo 17 constitucional para incorporar las acciones colectivas como mecanismo legal de defensa de derechos colectivos, lo que abrió el camino para demandas como la presentada en defensa del maíz.
Se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de acciones colectivas, lo que marcó el inicio de lo que sería la Demanda Colectiva del Maíz. La reforma se publicó en 2010 pero no entró en vigor hasta marzo de 2012.
Es un mecanismo legal para defender intereses comunes que han sido afectados por una acción u omisión.
Con la Demanda Colectiva del Maíz buscamos obtener la declaración judicial que reconozca la afectación a un derecho común a la biodiversidad de los maíces nativos.
Desde septiembre de 2013 logramos una medida cautelar que impide la siembra de maíz genéticamente modificado en México.
A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Sader), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a las empresas solicitantes de permisos de liberación o siembra de maíces transgénicos: Semillas y Agroproductos Monsanto, Monsanto Comercial, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), y Syngenta Agro.
Un estudio reveló que el 82% de los productos procesados en el país, como harinas, totopos y botanas, contienen transgenes, lo que evidencia la dificultad de controlar la presencia de organismos genéticamente modificados en la alimentación de los mexicanos.
Uno de los paradigmas tecnocientíficos de la biotecnología se refiere a los organismos genéticamente modificados y sus derivaciones, como la edición genética, que pertenecen al grupo de tecnologías especializadas altamente riesgosas.
El carácter fijación biológica de Nitrógeno es muy antiguo. Está presente en el Teocintle, zacate originario de Mesoamérica que es ancestro inmediato del maíz. El carácter fue pasado al maíz durante su domesticación.
Nos encontramos en un momento crucial como sociedad, en el que contamos con las herramientas para editar, así como analizar el genoma a escalas nunca experimentadas anteriormente.
Podemos afirmar que la agroindustria transnacional falsea la información científica, no sólo para tener un lucro desproporcionado, sino para acaparar la producción de alimentos de México y el mundo.
Fundación Semillas
de Vida, A.C.
Banamex
0346
7156127
002180034671561273
¿Tienes dudas, comentarios o propuestas? Nos encantará saber de ti y sumar voces en la defensa del maíz nativo.
.
.
Imagen: Especial
Miguel Concha/La Jornada
Durante décadas la agroindustria transnacional, liderada por Monsanto, hoy fusionada con Bayer, ha presumido contar, a través de financiar poderosas campañas de publicidad, con desarrollos tecnológicos y científicos.
En México han afirmado que cuentan con evidencia científica robusta sobre los supuestos beneficios de la siembra de transgénicos, llegando al extremo de pretender acaparar el campo con maíz genéticamente modificado y de explotar con ello los derechos de propiedad intelectual que afectarían a cientos de miles de hectáreas. Estas afirmaciones están llenas de simulaciones, verdades a medias, datos confusos y manipulación en su manejo.
Podemos afirmar que la agroindustria transnacional falsea la información científica, no sólo para tener un lucro desproporcionado, sino para acaparar la producción de alimentos de México y el mundo. Esta circunstancia de nuestros tiempos no únicamente es violatoria de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales, como la Convención de Derechos Económicos Sociales y Culturales (y ambientales) de Naciones Unidas, la Declaración de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica e incluso protocolos que la agroindustria pretende tergiversar, tales como el de Cartagena y el de Nagoya, sino que además podría representar la forma más poderosa de dominación y colonialismo que la historia de la humanidad ha padecido.
La manipulación de las empresas transgénicas puede comprobarse con el juicio de la demanda colectiva del maíz que 20 organizaciones y 53 ciudadanos promovimos desde 2013, y que actualmente sigue en disputa. Monsanto señaló por escrito que su tecnología cumpliría con las leyes mexicanas e internacionales, que respetaría las zonas donde no debe existir presencia de maíz transgénico. Sin embargo, reconoció, también por escrito, que las semillas que obviamente contienen información genética se trasladan entre las distintas regiones del país. Esto es una contradicción evidente. Es como si afirmara que el agua puede permanecer en un recipiente y al mismo tiempo reconocer que se filtra.
Otra empresa transnacional, Syngenta, surgida en Suiza, reconoció dentro del juicio colectivo que para mantener a los transgénicos en las zonas que se llegue a autorizar, es necesario imponer barreras físicas, biológicas y químicas. Sin embargo, hoy pide a la Suprema Corte de Justicia que revoque la decisión de tribunales federales de imponer este tipo de protecciones. También reconoció que, a pesar de que la industria abandera la supuesta finalidad científica, todas las siembras que buscan realizar tienen fines comerciales, aun aquellas que por ley debieran ser experimentales.
Además, cuando las trasnacionales presentan traducciones mutiladas de investigaciones científicas, el descaro en el juicio es aún mayúsculo. Aquí, un ejemplo: en el caso de Raven 2010, que analiza si las plantas transgénicas generan disminución o beneficios a la biodiversidad, el autor señala que no habrá flujo genético de la tecnología transgénica hacia los parientes silvestres del maíz en el mundo, salvo en México y Guatemala. Tramposamente esta afirmación no llegó a la traducción que presentó ante los tribunales. Se han cumplido cinco años y medio de que un tribunal federal ordenó mantener la suspensión de siembra de maíz transgénico comercial, que, sin embargo, permitió sembrarlo experimentalmente, sujeto a informes mensuales para confrontarse en el juicio colectivo.
En otras palabras, al suspender la siembra comercial, dio la razón a la Colectividad, y al mismo tiempo abrió una puerta para contar con información directa en el juicio, al permitir la siembra experimental y confrontarla mensualmente en juicio, con el objeto de decidir si deben o no sembrarse los transgénicos.
La Colectividad ha conseguido informes mensuales de Semarnat y Sagarpa, hoy Sader. No obstante, la industria ha preferido no sembrar experimentalmente, antes que confrontar su información con los científicos de la Colectividad y los jueces, dando con ello una muestra más que evidente de que su objetivo es meramente comercial y lucrativo, y no colaborar en la atención de la alimentación y la salud de los mexicanos.
Por eso, hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ratificar la medida precautoria ordenada. Esperamos que los ministros puedan tomar una decisión a favor de los maíces nativos y la milpa. A favor del pueblo de México, de su alimentación sana y nutritiva, y de su soberanía alimentaria.
Un abrazo solidario y muy sentido a Carmen Lira y a los compañeros de La Jornada , por el sensible fallecimiento de Josetxo Zaldua, gran amigo y periodista.
Esta nota fue publicada originalmente aquí.
.
.
Mural en Puebla
Alma Piñeyro Nelson/La Jornada del Campo
Los riesgos asociados a los organismos editados genéticamente y su análisis o evaluación puede clasificarse en cuatro categorías: 1. aquellos asociados al proceso de edición (efectos fuera y dentro del blanco, incluyendo cambios no intencionales al genoma, epigenoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma y microbioma); 2. los asociados al uso de las “viejas” técnicas de ingeniería genética durante el proceso de edición (acción de genes exógenos aunque su presencia sea temporal, por ej. rearreglos en el ADN del organismo receptor, cambios epigenéticos); 3. los asociados con el rasgo introducido (efectos no deseados en los niveles moleculares, celulares, organísmicos y ecosistémicos); y 4. los protocolos estandarizados y validados de análisis bioinformático y de técnicas de laboratorio de amplio alcance (“ómicas”), para lo cual es imprescindible contar con información previa precisa de parte de los desarrolladores o proponentes del producto modificado mediante estas tecnologías (Kawall et al. 2020).
En cuanto a la regulación de esta tecnología, países como Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EE.UU., Canadá y algunos otros, han optado por no regularla. En el Uruguay se plantea la discusión en la reforma inminente del Sistema Nacional de Bioseguridad. Uno de los principales argumentos esgrimidos para su no regulación, es el nuevo concepto “combinación nueva de material genético”, definido como la “inserción estable en el genoma, de uno o más genes o secuencias de ADN que codifiquen ADN de doble hebra, ARN, proteínas, péptidos de señalización o secuencias regulatorias, que no podría ser obtenida por mejoramiento convencional, no se encuentra en la naturaleza o no podría ser el resultado de mutaciones espontáneas o inducidas”. Aunque en teoría estas tecnologías serían “limpias”, en el sentido de realizar una intervención puntual en el genoma o epigenoma sin dejar rastros del proceso, en los hechos no es así (ver por ej. Kawall et al., 2020; Heinemann, JA, et al., 2021).
Consideramos que estos organismos editados genéticamente caben dentro de la definición de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) comprendida dentro del Protocolo de Cartagena, y vemos la necesidad de someterlos a evaluaciones de seguridad estrictas, al menos tanto como las que deberían aplicarse a los cultivos transgénicos “tradicionales”.
OGMs en contexto: el caso de México
Si bien algunas de las incertidumbres y riesgos potenciales parecen ser inherentes al uso de la tecnología de edición genómica, la liberación al ambiente de estos organismos implica diferentes peligros que son contexto-dependientes. Para México, consideremos que: 1. es el centro de domesticación y diversificación del 15% de las plantas de interés agrícola en el mundo (maíz, jitomate, aguacate, etc. (Khoury et al., 2016); 2. los parientes silvestres de muchas de estas plantas se encuentran en territorios indígenas; 3. la mayoría de la agrobiodiversidad de estos cultivos es utilizada y resguardada por campesinos quienes -al menos para el caso del maíz- no sólo reproducen sus v1ariedades “criollas” (nativas) para autoconsumo, sino que juegan un papel importante en el abastecimiento de mercados locales (Bellon et al., 2021); y 4. los instrumentos normativos nacionales son débiles en su origen y más aún en su implementación. Dado que la importancia de los puntos 1 a 3 ha sido abordada por otros autores, nos detendremos en el punto 4.
En México, el marco normativo vigente es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), en vigor desde 2005 y que, entre sus debilidades, no establece de manera precisa qué se considera centro de origen, alude al principio precautorio sin ejercerlo, hace prácticamente imposible designar zonas libres de transgénicos y reduce la posibilidad de responsabilidad por daños derivados del uso de un OGM al ámbito de responsabilidad civil. Derivado de cuando se elaboró, no contempla el uso de OGMs derivados de tecnologías como CRISPr/Cas9, si bien la definición utilizada los incluiría. Además de estas limitaciones de la LBOGM, su implementación ha sido lenta e insuficiente. Así, pasaron años antes de que se publicara el reglamento correspondiente (2008), no obstante, se avanzó en la aprobación de siembras experimentales de maíz transgénico a campo abierto, donde en el periodo de 2005 a 2014 se aprobaron 195 permisos (Sandoval, 2017).
Otro aspecto que genera una sinergia negativa con las limitaciones normativas descritas es la falta de capacidades federales y estatales para llevar a cabo esfuerzos de colecta de muestras en campo de cultivos para la detección de secuencias transgénicas, una actividad conocida como biomonitoreo. Al día de hoy, los esfuerzos más conocidos han sido realizados por diversos académicos (Quist y Chapela, 2001; Serratos-Hernández et. al, 2007; Piñeyro-Nelson et al., 2009; Dyer et al., 2009; Wegier et al., 2011; Agapito-Tenfen et al., 2017; González-Ortega et al., 2017; Álvarez-Buylla 2017 y 2018).
En el ámbito de las instancias competentes del gobierno federal, los esfuerzos de biomonitoreo dados a conocer de manera pública fueron los realizados o comisionados por el ahora extinto Instituto de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la SEMARNAT. Desde el INECC se coordinaron varios esfuerzos de estandarización de las técnicas de laboratorio necesarias para la detección de transgenes en ADN purificado de tejido vegetal, así como el esquema de biomonitoreo para colecta en campo de muestras de maíz (Álvarez-Buylla, 2018). Al día de hoy no se cuenta con un protocolo de biomonitoreo estandarizado, ni con instancias que de manera sistemática realicen esta labor, o laboratorios públicos donde ciudadanas y ciudadanos puedan llevar muestras para su análisis, quedando solamente la opción de utilizar laboratorios privados, con altos costos por muestra, o algunos pocos laboratorios de instituciones académicas que han montado las técnicas analíticas adecuadas, pero que carecen de la capacidad de llevar a cabo un análisis a gran escala. Lo anterior vulnera la posibilidad de poder saber dónde, en qué proporción y qué tipos de transgenes están presentes en variedades nativas de maíz y otros cultivos en México. Este ha sido un problema persistente (Piñeyro-Nelson et al., 2013).
La breve síntesis anterior, atañe a la detección de construcciones transgénicas “viejas”. Estos esfuerzos, por lo tanto, no incluyen a los OGMs generados por CRISPr/Cas9 y sus variantes, cuya base tecnológica hace más complicada su detección, si bien no imposible (Chhalliyil et al., 2020). Para detectar estos organismos editados, así como los posibles efectos no deseados, es esencial aplicar diligentemente los métodos de análisis genómicos disponibles, pero también conocer las secuencias de ácidos nucleicos y métodos específicos que se utilizaron durante la ingeniería genética del organismo a evaluar. Esto aún no se ha implementado en México (ni en ningún otro lado) y es un tema urgente.
Los organismos derivados de CRISPr/Cas9 comparten con los OGMs “viejos” su potencial de dispersión en el campo mexicano si no se elabora cuanto antes una estrategia preventiva que incluya no sólo una revisión de los instrumentos legales existentes, sino también, el montar las capacidades para la detección de estos organismos en laboratorios de dependencias no sólo federales, sino estatales y locales.
Nos encontramos en un momento crucial como sociedad, en el que contamos con las herramientas para editar, así como analizar el genoma a escalas nunca experimentadas anteriormente. En ese sentido, lo que se escoge conocer también implica escoger lo que se desconoce, y esa producción social de ignorancia (intencional o accidental) afectará nuestra capacidad social para evaluar, gestionar y responder a los potenciales y probables peligros sociales y ambientales. (Agapito-Tenfen et al., 2018). A su vez, es necesario un debate amplio al respecto, para que no pase de noche la inminente entrada de estos nuevos OGMs al país.
Esta nota fue publicada originalmente aquí.
.
.
Maíz Olotón. Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural Oaxaca
Antonio Turrent Fernández/La Jornada del Campo
El conocimiento de que el maíz puede fijar Nitrógeno atmosférico suficiente para satisfacer o casi satisfacer su requerimiento nutricional es nuevo para la ciencia. Ronald Ferrera Cerrato, profesor investigador del programa de microbiología del Colegio de Postgraduados y sus colaboradores, describieron este carácter en 1993. Su trabajo ha sido complementado recientemente, después de 10 años de investigación, por un grupo de investigadores de la Universidad de Wisconsin en 2018 (Van Deynze et al.).
Se trata de plantas de maíz muy vigorosas y sanas que pueden alcanzar la altura de 6 m. Hasta 14 de los nudos del tallo desarrollan raíces adventicias, que exudan un material mucilaginoso que gotea a la rizósfera. El desarrollo de las raíces adventicias comienza al final del estadio juvenil, y progresa desde el nudo más bajo hacia arriba del tallo. A la vez que crece la raíz, produce y exuda el mucílago. Mientras, las raíces adventicias del nudo siguiente desarrollan y sustituyen en la actividad mucilaginosa al nudo bajo anterior, y así sucesivamente hasta alcanzar el 12º. o hasta el 14º. nudo. Se ha observado en siembras experimentales recientes en varias localidades del Altiplano Central del país, que se comporta como resistente a las enfermedades endémicas del maíz.
Se sabe que el carácter fijación biológica de Nitrógeno por el maíz (CFBNM) es producto de una simbiosis entre el maíz y grupos de bacterias fijadoras de Nitrógeno atmosférico y que algunas de ellas tienen actividad antibiótica, actividad en la solubilización de Fósforo del suelo y en la síntesis de reguladores del crecimiento. Los principales géneros de bacteria fijadoras de Nitrógeno son Azospirillum, Derxia, Beijerinkia y Azotobacter. No se encuentra actividad de hongos patógenos en el mucílago. Éste contiene concentraciones muy bajas de Oxígeno, lo que es condición necesaria para el proceso de fijación de Nitrógeno. El mucílago contiene polisacáridos que proveen la energía necesaria para el funcionamiento del proceso. Los más abundantes son Fucosa, Galactosa y Arabinosa. Van Deynze y colaboradores (2018) demostraron que la cantidad de Nitrógeno fijado equivale entre el 29% y el 82% del requerimiento de la planta. También, que el Nitrógeno fijado es asimilado directamente desde las raíces adventicias.
El carácter fijación biológica de Nitrógeno es muy antiguo. Está presente en el Teocintle, zacate originario de Mesoamérica que es ancestro inmediato del maíz. El carácter fue pasado al maíz durante su domesticación. Por esto, se encuentra en varias de las razas nativas de maíz, adaptadas a climas templados-húmedos y condiciones de sierra. En la Sierra Mixe, los productores lograron amplificar el carácter con respecto a otras razas nativas y al Teocintle, probablemente aplicando Mejoramiento Genético Autóctono y mayordomía de sus semillas a través de muchas generaciones de productores. En la pintura de una planta de maíz realizada por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, se aprecia la presencia de seis nudos de raíces adventicias tal y como aparecen en la raza nativa actual de maíz Olotón de la Sierra Mixe.
El clima de la localidad de Totontepec, donde se colectaron las muestras de raíces adventicias del maíz raza Olotón, de grano y de la rizósfera del maíz, es muy húmedo. La precipitación anual es de 4000 mm, con 300 días de neblina, altitudes de 2000 a 2500 msnm. Es un bosque de neblina. La genética, las altas humedades del suelo y de la atmósfera, la altitud y la limitada radiación solar son probablemente los factores del fenotipo de las plantas y del carácter fijación biológica de Nitrógeno.
El potencial ecológico y económico del carácter es notable. De los 14 elementos minerales esenciales para el desarrollo de las plantas, el Nitrógeno es el más importante. La síntesis industrial del fertilizante nitrogenado para los 1500 a 1600 millones de hectáreas de labor del mundo consume enorme cantidad de energía fósil. Este consumo representa entre el 1 y 2% de toda la energía fósil que consume la humanidad por lo que tiene una contribución proporcional sobre el cambio climático. De acuerdo con Beatting y Good (2011), el valor del fertilizante nitrogenado sintetizado es del orden de 100,000 millones de dólares anuales para el mundo. Además, las externalidades ecológicas que causa, como la eutrofización de los cuerpos de agua son harto conocidas.
La pregunta pertinente es quién es el propietario del CFBNM. Sin duda que esta propiedad pertenece a: 1) la Naturaleza que creó el carácter y lo pasó al Teocintle, ancestro inmediato del maíz; 2) los primeros agricultores que domesticaron al maíz y fijaron ese carácter en el maíz; 3) los productores de la Sierra Mixe que amplificaron el carácter hasta su estado actual.
Ya está en proceso la intervención de capital privado del extranjero para patentar el carácter de la fijación biológica de Nitrógeno en maíz. Investigadores de dos universidades de EE.UU.: la de California y la de Wisconsin, financiadas por la transnacional MARS, realizaron colectas de maíz nativo de la raza Olotón que tiene el CFBNM en Totontepec, en la Sierra Mixe. Hicieron investigación de campo y de laboratorio durante 8 años. Los investigadores de la Universidad de Wisconsin se separaron del grupo original por desacuerdos sobre el fin de patentar el carácter que excluiría a los productores de la Sierra Mixe y rompieron el acuerdo de secrecía. Este grupo de la Universidad de Wisconsin publicó un artículo excelente sobre los resultados de su investigación que es citado previamente en este manuscrito. Los investigadores de la universidad de California descifraron el código genético del carácter desarrollo de raíces adventicias e hicieron un primer intento de patentar en EE.UU., intento que fue rechazado, aparentemente por nada añadir a algo que ya existe en la naturaleza.
En el plazo corto y mediano, transferir el carácter de fijación biológica de Nitrógeno en siembras de maíz (CFBNM) a variedades de maíz en el mundo está limitado a la Sierra Mixe y a regiones serranas de clima similar de México y del mundo. A la vez, se requiere realizar investigación estratégica para ampliar el ámbito de condiciones edafoclimáticas en los que el CFBNM se manifiesta. Tal investigación requerirá de Genética Mendeliana y de Biología Molecular, así como las disciplinas científicas para abordar la interacción entre condiciones edafoclimáticas y el CFBNM. La alta dependencia de ese carácter sobre las condiciones edafoclimáticas de la Sierra Mixe debe ser superado.
El modelo de la simbiosis de plantas leguminosas con bacterias del género Rhizobium en la fijación biológica de Nitrógeno funciona en condiciones edafoclimáticas muy amplias. Este modelo sugiere la posibilidad y el reto para la ciencia de lograrlo también en la simbiosis de maíz y las bacterias fijadoras de Nitrógeno.
La pregunta es sobre la conveniencia para el mundo de que la inversión necesaria para la investigación estratégica requerida se realizara con recursos públicos o con capital privado. Esto último ya está en proceso, dada la posibilidad de obtención de jugosas ganancias al capital en el entorno mundial, con la protección de la generación de patentes. Sin embargo, este camino, lo que inevitablemente logrará, es que el beneficio del uso del CFBNM se sesgue hacia la producción de maíz forrajero en la agricultura industrial, y deje fuera a millones de pequeños productores de maíz.
Un grupo de colegas de seis instituciones nacionales está ejecutando un proyecto de 4 años financiado por el CONACYT que tiene dos objetivos centrales: 1) hacer la descripción varietal de la variedad nativa poseedora del CFBNM y registrarla en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, para lograr el título de obtentor social a favor de los productores de maíz de la Sierra Mixe y 2) estudiar la herencia del carácter y transferirlo a variedades nativas y modernas dentro de los límites edafoclimáticos del país que marca la Sierra Mixe.
Los productores de maíz de la Sierra Mixe han prestado un gran servicio a la humanidad que llegará a tener grandes efectos sobre la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ecológica mundial.
Esta nota fue publicada originalmente aquí.
.
.
Fotografía: “Arco de Tepoztlán”. Catalina Rodríguez Lazcano
Eckart Boege/La Jornada del Campo
¿Cuál es el contexto de la lucha jurídica por parte de la Demanda Colectiva de las organizaciones campesinas, indígenas, académicas y de la sociedad civil, versus la imposición estatal de la siembra de semillas transgénicas e insumos químicos del oligopolio internacional de los agronegocios globales para el campo?
Millones de hectáreas de la agricultura industrial con semillas genéticamente modificadas de soya, maíz, algodón, acompañadas con el herbicida glifosato o similares e insecticidas, son ejemplos de economías de escala en monocultivos que generan páramos verdes bajo el control técnico, económico, comercial, de insumos de los agronegocios globales. Por lo pronto la Demanda Colectiva logró ganar una gran batalla que apuntala la moratoria de la siembra de maíz transgénico, y también que el gobierno actual prohíba la producción de maíz transgénico y se elimine progresivamente el uso del glifosato en México.
La Comisión Europea y la CEPAL señalan que la bioeconomía comprende aquellas partes de la economía, que utilizan los recursos biológicos renovables de la tierra y del mar, como los cultivos agrícolas, los bosques, peces y otros productos del mar, animales y microrganismos para producir alimentos, materiales y energía. Agrega, que se trata de un aprovechamiento “sustentable” de los recursos de biodiversidad (incluyendo recursos genéticos), servicios ecosistémicos, ecointensificación en la agricultura (y en la producción de biomasa en general), aplicaciones de biotecnología (productos, herramientas y procesos), eficiencia en las cadenas de valor y biorrefinerías o biofábricas (bioenergía–bioproductos) de todo tipo. Como ejemplo de la bioeconomía del norte global citaremos la fusión de la “nueva Bayer” con Monsanto, otra transnacional del oligopolio, con un enfoque de lo que llaman “ciencias de la vida” en el área específica de “crop sciences” (ciencias agrícolas). Esta fusión viene a apuntalar al portafolio estratégico de agronegocios a nivel global que abarca miles de millones de euros.
Uno de los paradigmas tecnocientíficos de la biotecnología se refiere a los organismos genéticamente modificados y sus derivaciones, como la edición genética, que pertenecen al grupo de tecnologías especializadas altamente riesgosas. Es una tecnociencia que privilegia la ganancia de las empresas y tiende a ser totalitaria porque genera una brecha abismal respecto a la producción agrícola de por lo menos 500 millones de campesin@s que reproducen sus conocimientos de la agrobiodiversidad mundial y sus agroecosistemas correspondientes. La biología sintética, como parte de la tecnociencia al servicio de las ganancias de los oligopolios, va directamente contra un principio ético y científico de la reversibilidad cuando se detecta cualquier problema, como por ejemplo la contaminación grave por los transgenes en las semillas nativas o convencionales. Es ineficiente desde el punto de vista ecológico (energético), que requiere asegurar grandes extensiones en las mejores tierras de riego, generan páramos verdes a gran escala, con un uso y acaparamiento del agua y desmontes de selva, como sucede en la península de Yucatán o en varios países de Suramérica. Socialmente, se somete a la producción a cadenas de valor largas, incontrolables para los pequeños productores(as) puesto que llevan a la dependencia tecnológica de insumos, incluyendo las semillas.
En estos procesos de tecnologías industriales cada vez más sofisticadas se despoja a millones de campesinos de sus semillas, acervos tecnológicos e insumos locales, de sus conocimientos y su memoria biocultural. Para imponer el proyecto de este tipo de bioeconomía y apuntalar la enorme acumulación de capital de los agronegocios globales, se requiere un diseño jurídico internacional que obliga a los gobiernos y Estados nacionales a ajustarse a un sistema de propiedad intelectual cada vez más estricto. En los tratados de libre comercio se obliga a los países ricos en diversidad biológica y agrobiodiversidad, centros de origen, domesticación y diversificación genética como México, a unirse al sistema de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91).
La UPOV 91 modifica a favor de los oligopolios la propiedad intelectual de los productos, de tal manera que se patentan genes, tejidos, partes de organismos, variedades de plantas y por supuesto semillas. Es decir, si un maíz nativo tuvo una introgresión genética accidental de un gen que estuviera patentado, ese maíz podría ser reclamado como propiedad intelectual del oligopolio. Los tratados de libre comercio estipulan que, en un lapso no mayor de 4 años, los países firmantes tendrían que ajustar sus leyes a la UPOV 91. Con ellas, entre otras restricciones, no se permite vender, intercambiar, regalar o sembrar semillas, ni puede haber derivación esencial por parte de los productores(as) para generar nuevas variedades de las semillas patentadas. Se trata de un escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen y se apropien completamente el mercado de semillas y con ello del sistema alimentario mundial. (Véase un análisis muy completo en la Jornada del Campo número 145).
El neoliberalismo ha promovido leyes cada vez más rígidas de propiedad intelectual ligadas a los llamados derechos de obtentor o patentes de sus semillas. Por ello, se avecinan nuevas batallas sociales, políticas y jurídicas versus las cláusulas de los tratados de libre comercio incluyendo el T-MEC y TTP-11. Por estas amenazas y riesgos para el país, la lucha jurídica de la Demanda Colectiva, se inscribe en la construcción de una bioeconomía alternativa, con enfoque sociocultural para el campo mexicano en donde se privilegia la agroecología, agroforestería, así como el manejo forestal comunitario de las pequeñas y medianas empresas basadas en la enorme riqueza biocultural, libres de OGM y de plaguicidas dañinos a la salud y medio ambiente.
Esta nota fue publicada originalmente aquí.
.
.
Foto: Especial
Ciudad de México/ Primero Editores.
Los alimentos derivados del maíz que se consumen en México no representan un riesgo para la salud, afirmaron especialistas de la UNAM, la UAM y diversas organizaciones durante el conversatorio “El maíz transgénico en México: contexto actual y perspectivas del futuro”, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
Ana Laura Wegier Briuolo, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, aseguró que la diversidad del grano en México garantiza la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, advirtió que esta diversidad se encuentra en riesgo debido a la creciente homogeneización de las semillas, una tendencia impulsada por el mercado y las patentes, como ha sucedido en Estados Unidos.
México perdió el fallo del T-MEC, pero no el debate
El reciente fallo del T-MEC, ocurrido en diciembre, determinó que México no pudo demostrar que el maíz transgénico importado de Estados Unidos afecta la salud o el medio ambiente. Sin embargo, Monserrat Téllez Serrano, integrante de la fundación Semillas de Vida A.C., subrayó que la derrota no fue de fondo, ya que el panel de resolución estaba compuesto por especialistas en comercio, no en salud o bioseguridad.
“Lo que se evidenció fue la gran cantidad de información y conocimientos con los que contamos, que refuerzan la pertinencia de las medidas de México”, señaló.
Por su parte, David Rivero Fragoso, abogado de la Demanda Colectiva de Maíz, explicó que México es autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano, pero depende de importaciones para la industria de alimentos procesados, textiles y forraje. En su opinión, esta dependencia podría reducirse destinando esas tierras a otros cultivos o recuperando áreas naturales protegidas.
¿Vulnerabilidad en bioseguridad y soberanía alimentaria?
El fallo del T-MEC también ha puesto en evidencia la falta de trazabilidad del maíz genéticamente modificado que ingresa al país, advirtió Alma Piñeyro Nelson, investigadora de la UAM-Xochimilco.
“Nos coloca en una condición de vulnerabilidad y sigue retando la soberanía de México para tomar decisiones en función de la salud de sus habitantes y la protección de sus agroecosistemas”, señaló.
Un estudio reveló que el 82% de los productos procesados en el país, como harinas, totopos y botanas, contienen transgenes, lo que evidencia la dificultad de controlar la presencia de organismos genéticamente modificados en la alimentación de los mexicanos.
El reto: proteger la diversidad del maíz mexicano
Los especialistas coincidieron en que México debe fortalecer sus políticas de bioseguridad y conservación del maíz nativo, pues la diversidad de este grano no solo es clave para la alimentación, sino para la soberanía agrícola del país. Aunque el fallo del T-MEC supone un desafío, también abre la puerta a una mayor investigación y regulación para proteger el patrimonio biocultural mexicano.
Esta nota fue publicada originalmente aquí.
