Por Adelita San Vicente Tello
La lucha por el maíz se enmarca en la disputa de dos cosmovisiones, de dos formas de entender la naturaleza: del papel fundamental de los pueblos campesinos e indígenas y del lugar fundamental que tiene este cereal para todas y todos los mexicanos. Como alimento sagrado, dador de vida, nutrimento del cuerpo y alma o bien, como mercancía susceptible de apropiación y generadora de inmensas ganancias. Una lucha civilizatoria que pone en el debate, nuestra alimentación y la forma en que se produce la comida y los enormes intereses económicos que conlleva.
La demanda colectiva contra la siembra de maíz genéticamente modificado (MGM) resumió la lucha que por más de 20 años se había dado en México, señalando a esta tecnología como elemento del deterioro de la salud humana y ambiental, además de generadora de derechos de propiedad intelectual sobre nuestros recursos genéticos. Especial indignación significaba la apropiación de la planta madre de nuestra cultura. ¡Tendríamos que pagar por sembrar maíz si, como ya ha pasado, se contamina con su tecnología!
Por una lado, tenemos la agricultura milenaria de las familias campesinas que domesticaron el maíz hace alrededor de ocho mil años y que lo siguen cultivando, seleccionando y cuidando las semillas ciclo tras ciclo; manteniendo una observación continua sobre el clima para su siembra, esta práctica permite una diversificación continua y su adaptación a las cambiantes condiciones climáticas, convirtiéndolo en el cultivo ideal para enfrentarlas.
Por otra parte, la agricultura industrializada ha tomado al maíz como la mercancía agrícola más importante, en la actualidad es el cultivo con el mayor volumen de producción en el mundo, se utiliza para la mayor parte de los productos alimentarios industrializados ya sea como almidón o como endulzante; y también en la industria farmacéutica, de productos de belleza e incluso, como combustible.
Este tipo de agricultura produce maíz en su mayor proporción en Estados Unidos bajo condiciones controladas de riego, fertilización y con gran cantidad de agroquímicos, utilizando semillas que han sido intervenidas ya sea por métodos de hibridación y en las últimas décadas, con ingeniería genética.
Las semillas híbridas se empezaron a usar a mediados del siglo pasado pero aún cuando la técnica incrementó los rendimientos, esto se vio limitado a condiciones controladas y a la forzosa necesidad de adquirir cada ciclo la semilla y una amplia variedad de insumos.
La tecnología aplicada a las semillas, ya sean híbridas o genéticamente modificadas, crea derechos de propiedad, lo cual se traduce en la obligación de pagar por las semillas que fueron domesticadas y que siguen mejorándose en los campos de producción de pequeña escala que utilizan las semillas de maíz nativo (o criollo), que es la original que siguen cuidando y guardando.
Como refiere Vandana Shiva:
Estas semillas contienen la información genética y el conocimiento acumulado de miles de generaciones de pueblos campesinos.
La pregunta que nos hemos hecho es ¿a quién pertenece este conocimiento y esta base genética?
Cuando se explica esto a cualquier connacional sucede lo que resumió María Fernanda Cobo (MFC) de la siguiente manera:
Si todas y todos supiéramos lo que hay detrás del maíz transgénico, saldríamos a la calle a defender nuestra planta sagrada.
Y así fue, desde que se introdujo el maíz genéticamente modificado a nuestro país a fines de la década de los años 80 del siglo pasado, múltiples voces señalaron los peligros de esa tecnología, lo cual llevaría a la moratoria de facto que en 1997 se estableció para el MGM. Sin embargo, en el siglo XXI se retomó la insistencia de las empresas que detentan la patente sobre esta tecnología, principalmente Monsanto (hoy Bayer), de sembrarlas en México.
Entonces, nos dimos a la tarea de dar a conocer los peligros que implicaba esa tecnología. Poco a poco y después de un gran esfuerzo de comunicación que realizó la Campaña “Sin maíz no hay país” mediante diversas estrategias -muchas que retomaron los ritos y tradiciones que existen alrededor de la planta sagrada, como la celebración del Día del Maíz- logramos lo que MFC señaló: empezamos a salir a la calle a expresarnos contra la agro industria que atenta contra nuestra salud y el ambiente pero que, además, se apropiaba de nuestro principal alimento. Al lado de comunidades y organizaciones clamamos porque se suspendiéra esta embestida.
Participamos en la discusión de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), redactada por las propias empresas y logramos modificarla en la Cámara de Diputados para darle un carácter de bioseguridad con un enfoque de precaución.
Sin embargo, los gobiernos conservadores no nos escucharon, ni respetaron la Ley. Felipe Calderón dio los primeros permisos de siembra de MGM en 2009, violentando el marco jurídico, al publicar un reglamento que pasaba por encima de la Ley.
Entonces decidimos que era necesario defender el maíz con los derechos que tenemos. En 2011 habíamos ganado el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Emprendimos una lucha jurídica por la exigibilidad de nuestros derechos. Fueron muchas demandas, denuncias populares, incluso interpusimos una controversia constitucional con el Municipio de Tepoztlán.
Finalmente, en 2013 se presentó la Demanda de Acción Colectiva. Su elaboración implicó el trabajo conjunto de muchas personas: primero se hizo en 2012 un gran taller entre comunidad científica y abogados/as, poco a poco el grupo fue redactando los términos de la Demanda, que el 5 de julio se interpuso ante los tribunales.
La historia de este gran triunfo ha sido larga y la seguiremos contando, pero sin lugar a dudas fue posible gracias a la gran movilización social que precedió a la acción jurídica. De manera paralela en la Península de Yucatán surgió el movimiento “MA OGM” (No a los OGM en maya) contra la siembra de soya transgénica, logrando la suspensión del permiso otorgado para seis estados. Llegamos a hermanarnos como movimientos bajo el lema “De Mérida a Ensenada, transgénicos para nada”.
El trabajo colectivo dio frutos pero es necesario seguir en movilización. Algunas personas, en su momento, se preguntaron si la acción jurídica no nos desmovilizaría. Se ha ganado mucho pero es fundamental seguir trabajando para que el maíz genéticamente modificado no se siga sembrando ilegalmente, para que no entre a nuestra alimentación, para que se reconozca nuestro derecho de alimentarnos nutritivamente, para que México vuelva a ser autosuficiente y se proteja a la planta sagrada frente a la apropiación que ha ejercido la agro industria.
En fin, para seguir en un México con maíz, un México que preserva el reservorio de este cereal y que generosamente lo comparte al mundo.
